Amnistía Internacional denuncia el Anteproyecto de la LOMCE por no abordar contenidos sobre Derechos Humanos.

La ONG Amnistía Internacional España ha hecho una campaña de petición de firmas con el nombre

Sr. Wert, queremos derechos humanos en la nueva ley de educación. 

 

En esta campaña se denuncia que la enseñanza de los contenidos y el conocimiento de los Derechos Humanos no está presente en el anteproyecto de la LOMCE (nueva ley de educación) y se solicita una ley que tenga presente los mismos.

No sólo hemos firmado esta campaña y la hemos difundido sino que hemos tomado la siguiente decisión: escribir a Amnistía Internacional España informándoles de un hecho demostrado sucesivamente en informes oficiales tanto del CERMI como del propio Relator de Naciones Unidas: la legislación española de Educación incumple la legislación de la ONU para las personas con discapacidad, por tanto VULNERA los Derechos Humanos de los alumnos con discapacidad en España. 

Hemos escrito esta carta, dirigida al presidente de Amnistía Internacional España, porque el anteproyecto de la ley Wert además de no abordar la enseñanza de los Derechos Humanos, no garantiza los Derechos Humanos de los alumnos con diversidad funcional.


Esta es la carta que hemos enviado

Si quieres sumarte este es el correo donde puedes enviar la carta, copia la misma, pon tu nombre y DNI y envíala al siguiente correo electrónico:




Estimado sr. Beltrán:
Nos dirigimos a usted como promotoras de la Plataforma España Inclusión e integrantes de distintos colectivos y plataformas ciudadanas en defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional en España.
Somos un colectivo de familias, profesionales y personas implicadas en la educación inclusiva y el desarrollo pleno y en igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional en España.
Hemos leído y firmado la petición de Amnistía Internacional en relación a la ley Wert. Sin embargo, no solo nos preocupa que no se aborden contenidos relacionados con los  Derechos Humanos, sino que vivimos con desasosiego y gran preocupación que el anteproyecto de la LOMCE, no se ajuste a los compromisos adquiridos por España al firmar la Convención de la ONU  sobre los Derechos de las personas con discapacidad.
Como usted bien sabrá dicha Convención es  de aplicación directa y de obligado cumplimiento por los Estados que la hayan ratificado, y exige la adecuación de sus normativas y desarrollados legislativos al articulado de la misma.
Ya el CERMI en su informe El impacto  de la Convención internacional sobre de los derechos de las personas con discapacidad  de 2011 denunciaba la falta de adecuación de la  LOE al artículo 24 de la Convención y a los principios misma, y el propio Relator de Naciones Unidas  en su informe del 19 de octubre de 2011, emitía un informe en el que se plasmaban las vulneraciones de los Derechos Humanos de los alumnos españoles con diversidad funcional en materia de educación,  en España.
No podemos entender cómo habiendo promovido el Grupo parlamentario Popular en 2010 el Congreso de los Diputados una PNL sobre educación inclusiva que se aprobó por unanimidad, no se aborde una reforma de la LOE bajo el prisma del respeto a los Derechos Humanos : el derecho una educación de calidad inclusiva en igualdad de oportunidades para todos los alumnos, como garantiza la Constitución Española, la Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y el propio Tribunal Supremo en sus últimas sentencias al respecto.
No comprendemos cómo se ha presentado un anteproyecto de ley que modifica y amplía el articulado de la LOE con la finalidad de mejorar la calidad educativa y no se aprovecha dicha modificación para de una vez por todas ajustar el articulado a la normativa internacional, como se ha solicitado desde CERMI, representante de todo el colectivo de la discapacidad en numerosas ocasiones y desoyendo las indicaciones de Naciones Unidas.
Para garantizar la calidad educativa desde la equidad y el respeto a los Derechos Humanos la legislación sobre educación en España debe cumplir  la Convención.  
Difícilmente se conseguirá un aumento de la calidad educativa en nuestro país si no se asegura que las leyes orgánicas de educación en España garanticen el cumplimiento de los Derechos de TODOS los alumnos.
Por eso creemos que su intervención como Presidente de Amnistía Internacional España puede llamar la atención sobre la necesidad de que la LOMCE respete los Derechos Humanos de TODOS los alumnos, también de los alumnos con diversidad funcional. No es de recibo que un cambio legislativo que procure un sistema educativo de calidad se haga bajo el respeto a los principios de la inclusión educativa, la igualdad de oportunidades y de desarrollo pleno de todas las personas.
Entendemos que el anteproyecto de la LOMCE olvida de igualdad, equidad e inclusión fijando la vista en la competitividad y excelencia entendidas siempre en términos de éxito académico, y minusvalorando otros aspectos sobre los que también se basa la educación, el respeto a la diversidad, aprender a convivir, a ser personas en un clima  no tanto de competencia y evaluación de resultados como de cooperación y aprendizaje mutuo.
La educación inclusiva exige a la sociedad que eduque a sus hijos en el respeto a la diversidad, necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de todos los alumnos. Y pone un gran énfasis en lo que la DIVERSIDAD APORTA A TODOS LOS DEMÁS. La inclusión no beneficia únicamente al alumno con diversidad, sino a TODOS los alumnos. Los niños con diversidad aportan y mucho a nuestro sistema educativo.
Y para conseguir esto hay que diseñar obligatoriamente leyes educativas inclusivas.

Invertir en educación inclusiva de calidad hoy, procurará el que los adultos con diversidad funcional sean más independientes en el futuro. Con el beneficio que ello conllevará para ellos, sus familias y el conjunto de la sociedad. Además es su derecho. Y una obligación por parte del Estado Español desde el momento que ratifica la Convención de la ONU para las personas con discapacidad en el 2008. Actualmente España está incumpliendo los compromisos adquiridos con la ONU en esta materia, permitiendo la vulneración de derechos fundamentales de una gran parte de su población.
En España para nuestra vergüenza NO TODOS LOS COLEGIOS E INSTITUTOS públicos o concertados financiados con dinero público escolarizan a alumnos con TEA. Hay centros educativos que reciben dinero público pero se les permite la NO ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADOS CON DISCAPACIDAD. En un sistema inclusivo esto es inviable e ilegal. Estamos financiando centros educativos con dinero público en los que se prohíbe la matriculación de alumnos con discapacidad. Una auténtica aberración permitida por las Administraciones públicas contrario a la legislación de la LOE, a la Constitución Española y al propio sentido común.
Le adjuntamos informe del Relator de Naciones Unidas. Enlace

Informe Solcom 2011 Enlace
Esther Cuadrado  Barbería                         Eva Reduello Fernández

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